Exdirectivos y extrabajadores de empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro concentran algunas de las pensiones más altas del país, con pagos que en ciertos casos superan los 200 mil pesos mensuales y que incluso pueden alcanzar montos cercanos o superiores al millón de pesos.
De acuerdo con reportes difundidos recientemente, los esquemas de jubilación establecidos en contratos colectivos y sistemas internos de retiro permitieron durante años que mandos superiores y trabajadores con amplia antigüedad se retiraran con pensiones calculadas a partir de su último salario integrado, lo que derivó en montos muy por encima del promedio del sistema de pensiones nacional.
En el caso de Pemex, diversos exdirectivos aparecen en listados de jubilaciones elevadas, entre ellos Marcos Ramírez Silva, Miguel Tame Domínguez, José Antonio Escalera Alcocer, Juan Javier Hinojosa Puebla y Carlos Arnoldo Morales Gil, quienes formaron parte de áreas estratégicas de la empresa petrolera durante administraciones anteriores.
Otros casos difundidos incluyen a exfuncionarios que reciben pensiones superiores a los 300 mil pesos mensuales, como Raúl López García, José Domingo Vázquez Márquez, José Benjamín Cárdenas Jáuregui y Jorge Amaury Ávalos Mortera, todos vinculados al sector energético y a estructuras administrativas de alto nivel.
Especialistas señalan que estos montos se originaron en esquemas de jubilación diseñados décadas atrás, cuando las empresas del Estado operaban con sistemas propios de pensiones. En los últimos años, tanto Pemex como CFE han realizado modificaciones a sus contratos colectivos para ajustar las condiciones de retiro y reducir el impacto financiero de estas obligaciones.
Las pensiones más altas corresponden principalmente a trabajadores que ingresaron antes de las reformas recientes, por lo que continúan recibiendo los beneficios establecidos en los contratos vigentes al momento de su jubilación. Entretanto, el debate sobre el costo de estos sistemas de retiro se mantiene dentro de la discusión pública sobre la sostenibilidad financiera de las empresas productivas del Estado.
